Cifras. Boletín Vía Autónoma No.6
La reflexión académica en torno a los procesos de descentralización, desconcentración y autonomía tienen algún tiempo de desarrollo teorético. Desde la perspectiva de la estructura de gobierno y de la gestión (y eficiencia) pública, de acuerdo con la investigación retrospectiva de Bastidas, Burbano de Lara y Ortiz (2017), cuando menos el concepto de descentralización se ha utilizado, en el Ecuador, desde la década de 1990.
Para Ortiz (2017: 126) este amplio lapso temporal puede dividirse en dos periodos: la descentralización a la carta, entre 1990 y 2005, y la descentralización obligatoria entre 2007 y 2017 (ver cuadro comparativo, líneas abajo). El primero de estos periodos podría definirse por un mayor grado de discrecionalidad local a la hora de asumir competencias gobernativas, mientras que en el segundo periodo se habría atravesado una recentralización de esas competencias.
Así como la política local se mueve en dinámicas de antagónicos, la descentralización, la desconcentración y la autonomía le han seguido los pasos; y si la última década del siglo pasado (junto al primer lustro de éste) se articularon alrededor de la retórica de la libertad y la apertura, a partir del año 2007 el eje articulador es su antípoda: la recentralización estatal.
Ojalá se pueda buscar en los próximos años una solución, que buena falta hace para no tener el desequilibrio entre un Estado fuerte y más de mil gobiernos locales débiles. Pero esa solución no es una meramente técnica, sino que demanda un acuerdo político tendiente, sobre todo, a la superación de procesos de desarrollo geográfco desigual, pero también a un mayor equilibrio de poder entre el Estado central y los gobiernos locales (Ortiz, 2017: 173) ( http://bit.ly/33GOhwc).
En este marco cambiante, una de las competencias que de manera extendida ha permanecido como una de las obligaciones de los municipios del Ecuador es la emisión de los permisos de construcción. Como es de esperar, Quito y Guayaquil son las ciudades con mayor número de permisos emitidos, concentrando entre ambas poco más del 25% de permisos de edificación del país. Solo en Quito, en el año 2017, se tramitaron 4697 solicitudes de este tipo (INEC, 2018: 14).
El terremoto de abril de 2016, que se sintió en todo el territorio continental del Ecuador, dejó en evidencia las graves deficiencias que se presentan en cuanto a concesión, gestión y fiscalización de permisos de construcción en casi todos los municipios del país. Es imperioso que nuestros municipios estipulen de forma clara y categórica, no solo políticas públicas de edificabilidad que cumplan los criterios técnicos más rigurosos, sino que se articulen mecanismos permanentes y sistemáticos que aseguren su cumplimiento. Sin duda, la elaboración del Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de Quito representa una oportunidad para asegurar que todas las construcciones de la capital ofrezcan espacios seguros y confiables.
